De acuerdo a los denunciantes existiría malversación de caudales públicos y fraude al Fisco

Previo a las elecciones municipales desarrolladas el pasado 23 de octubre, el Concejal Juan Patricio Godoy, en compañía del abogado Hernán Neira, interpusieron una querella en el Juzgado de Garantía de Puerto Varas en contra de quienes resulten responsables ante los eventuales malos manejos económicos de la actual administración del alcalde Álvaro Berger.

En este sentido, el abogado Neira explicó “en primer lugar esta es la consecuencia de una serie de informes que han emanado de la Contraloría, vienen detallados en la querella. Son seis informes, hay uno que el Fiscal no tenia que es el 1724 de 2015 y el último que es de ciento y tantas fojas que se realiza una auditoria al DAEM. Hechas las averiguaciones en el Ministerio Público se están investigando en virtud de denuncias de la Contraloría dos delitos, malversación de caudales públicos y fraude al Fisco, entonces en ese orden de ideas se interpuso una querella, aproximadamente deben ser los querellados unas 45 a 50 personas. La querella está deducida en contra de cada uno de quienes resulten responsables, entre ellos, el Alcalde (Berger), el Concejo Municipal completo salvo el denunciante (Juan Patricio Godoy). Está interpuesta en contra de los jefes de servicios como a Dirección de Control, y finanzas, DAEM, por una serie de contrataciones que se han realizado y que la Contraloría no encontró justificación alguna para estas contrataciones. Hay personas contratadas que se les inventó un cargo que incluso se ausentaron del país en algún viaje en virtud de cursos que no se hicieron e igual recibieron viáticos hasta con estadía y alimentación, y resulta que personas contratadas que no tendrían porque haber ido partieron a estos viajes en calidad de acompañantes de algún concejal, entonces la situación es de una corruptela que no tiene nombre”.

 

Sobre las situaciones del DAEM, Neira agrega “la situación es tan grave que todavía no se termina de rendir la cuenta al Ministerio de educación del año 2015, del año 2016 no se tiene noción, no se tienen los registros, hay una falta de conciliación absoluta en una cantidad impresionante de cuentas y subcuentas. Lo importante es que con dineros de un ítem se han pagado otro tipo de situaciones lo que, derechamente, es constitutivo de malversación. Hay fraude al Fisco eso es innegable. Me llama la atención porque hay una donación de un Banco (a la Escuela Epson de Ensenada por la erupción del volcán Calbuco) sobre los 30 millones de pesos para repararla y comprar libros, y el mismo día de la donación esta suma es transferida a otra cuenta y olímpicamente gastada en cualquier cosa, al punto que al momento de comprar los útiles el director del DAEM informa que no hay plata. Todas esas cosas son constitutivas o de malversación o fraude al Fisco, sin perjuicio de otros delitos que yo estimo que hay. En mi modesta opinión, jurídicamente, yo creo que incluso hay asociación ilícita en tanto en cuanto un concejo municipal se niega a investigar, fiscalizar la labor del Alcalde. Dentro de las diligencias que ha solicitado esta parte querellante, está el hecho que se oficie al Consejo de Defensa del Estado porque es el organismo encargado de cautelar los recursos públicos, se ha pedido que declare el Contralor regional y el equipo que investigó todas estas situaciones”.

 

 

Respecto de la acción judicial y en particular el tema del DAEM, el Concejal Godoy argumentó “el tema parte ciertamente de muchas informaciones que se entregaban eran parceladas, por eso saltó a la palestra la solicitud que hice como concejal a través del decreto 1629 donde ya se veía que la cosa no estaba marchando bien. Fui escarbando un poco más y cuando van llegando rumores de que hay despidos injustificados, no están llegando materiales de apoyo a los colegios, el tema de las cargas de extintores quedó pendiente cuando se beneficiaba a los amigos y esto estalla con el informe 1026 que está en el Ministerio Público. Llegamos a un punto que hay desaparecidos 204 decretos y hay una pérdida en estos decretos que sobrepasa los $750 millones de pesos, aquí la responsabilidad es de todos. Lamentablemente, los colegas no dieron el ancho y que bueno que haya aparecido alguien a apoyar esto. Esperamos que esto llegue a buen puerto”.

 

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