Opinión

Reforma al Código de Aguas: una buena ley, por Javier García, Seremi de Obras Públicas

El Heraldo Austral

Es evidente que debido a variables como el el crecimiento económico y demográfico, ha aumentado la demanda por el recurso hídrico. Lo anterior, sumado al fenómeno del cambio climático y a una legislación de la década de los ’80, hace indiscutible la necesidad de reformar el Código de Aguas.

Hace casi siete décadas se proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Siete años atrás, la ONU estableció los derechos humanos de acceso al agua potable y al saneamiento. La reforma al Código de Aguas busca plasmar este derecho humano, no sólo de manera simbólica, sino que estableciendo beneficios específicos para los Comités de Agua Potable Rural y en general, porque todas las personas tienen el derecho de tener acceso al agua potable y al saneamiento.

Es evidente que debido a variables como el el crecimiento económico y demográfico, ha aumentado la demanda por el recurso hídrico. Lo anterior, sumado al fenómeno del cambio climático y a una legislación de la década de los ’80, hace indiscutible la necesidad de reformar el Código de Aguas.

Es por eso, que la Presidenta Michelle Bachelet asumió el compromiso de modificar este marco regulatorio y así posibilitar una mejor gestión del recurso agua, lo que ya comienza a dar luces de concreción.

Los procesos de reformas suelen ser lentos. El Ejecutivo introdujo importantes modificaciones a dos proyectos de ley que se encontraban en tramitación, uno desde el año 2011 y el otro desde el año 2012 que justamente, está pronto a concluir su tramitación.

El proyecto de ley sobre información, fiscalización, sanciones y calidad de las aguas, se encontraba trabado en el Senado desde el año 2012 y con las indicaciones presentadas por el Ejecutivo en el 2016 que los hechos cambiaron todos los articulados del proyecto sancionados originariamente en la Cámara de Diputados, se generaron grandes acuerdos y consensos.

Con esta nueva ley, se permitirá saber quién es quién en materia de derechos de aguas y cuánto se extrae con estos derechos de aprovechamiento de aguas, por lo tanto, transparencia de la información. También fortalece la capacidad de fiscalizar el adecuado cumplimiento de estos derechos y que se establezca la capacidad de sanciones reales y disuasivas para quienes contravengan las normativas de ley. Lo anterior, porque el agua es un bien nacional de uso público. Además, entregará por primera vez, atribuciones a la Dirección General de Aguas del MOP en materia de calidad de las aguas.

La otra iniciativa de ley que nació en el año 2011 y que fue sancionada y votada durante el año 2013, estableciéndose que tanto los derechos nuevos como antiguos se convertían en concesiones temporales, recibió una indicación sustitutiva de parte del Ejecutivo en el 2014. Luego fue discutida y votada en las distintas instancias de la Cámara de Diputados e ingresando al Senado en noviembre de 2017.

Actualmente se encuentra a la espera de ser tramitada en la Comisión de Agricultura del Senado. En una primera instancia y luego de las elecciones presidenciales, la comisión recibirá diversas organizaciones que tendrán nuevamente la oportunidad de expresar su opinión ante los Senadores y así, realizar propuestas que estén dirigidas al bien común.

Existen gremios que han instalado grandes mitos, generando movilizaciones y pagando por grandes carteles en autopistas. Las preguntas son ¿por qué y para qué? Esta es una reforma que busca castigar a quienes especulan y lucran con el agua, no a agricultores y menos, a quienes consumen el agua para la susbsistencia (consumo humano, saneamiento y necesidades básicas). Si bien se puede empatizar con el temor al cambio, no podemos hacerlo ante la mentira injustificada y la agresión.

Algunos de estos gremios, amparándose en discusiones vinculadas con la propiedad, en vez de proponer cambiar esos mismo artículos específicos que les podrían preocupar, lo que hacen es resistir todo intento de reforma legislativa, incluyendo el concretar el derecho humano de acceso al agua potable y al saneamiento, lo que es un elemento fundamental.

Hoy, ¿qué se entiende por posverdad? De acuerdo a Darío Villanueva, Director del Diccionario de la Real Academia Española, la define como “aseveraciones que dejan de basarse en hechos objetivos, para apelar a las emociones, creencias o deseos del público”. La reforma al Código de Aguas no se puede instalar en la nebulosa de la posverdad, ya que es algo concreto que está dirigido al bien común de la sociedad.