Justicia sentencia a Municipio de Puerto Varas a indemnizar a ex funcionaria por vulneración de derechos fundamentales


La ex funcionaria municipal, Karina Morales, quien tenía las funciones de Directora del Departamento de  Medio Ambiente del municipio de Puerto Varas y fuera desvinculada el 1 de noviembre del 2020, presentó una denuncia ante el Juzgado de Letras de Puerto Varas por vulneración de derechos fundamentales en contra del Municipio de Puerto Varas.

Los hechos de vulneración denunciados por Morales comenzaron después de noviembre de 2019, luego de que su marido, Emerson Gallardo, Director de Dideco de la administración de Bahamonde, fuera despedido por motivos políticos, de acuerdo a lo indicado en la causa, maginándola de las reuniones oficiales de directivos, dejándola sin personal ni teléfono institucional, y siendo desvinculada de sus funciones, luego de una determinación de Contraloría  de invalidar concurso público, donde arbitrariamente dos personas no fueron reincorporadas, Paula Careau y Karina Morales.

Señala el fallo del tribunal “Que para dilucidar cuál fue el criterio diferenciador adoptado por la autoridad para resolver en forma tan disímil la situación de los funcionarios, la parte demandada no incorporó antecedente alguno en orden a acreditar la racionalidad de la decisión, exigencia que resulta fundamental, de acuerdo al espíritu y al amparo de la Ley 21.280”.

 “Lo anterior, unido al caudal de información aportada por los testigos, relativa a los malos tratos, actos de hostigamiento, aislamiento laboral sufridos por la actora, uso de medio de comunicación radial para tales fines, en el contexto de un conflicto ajeno en que se le involucra, caso del cónyuge, no sólo vulnera los derechos fundamentales aludidos, sino que desde una perspectiva de género, se omite la existencia de una dignidad individual en la persona de la afectada, quien bajo la lógica del sujeto activo en esta dinámica relacional, desaparece como persona y emerge como un objeto disponible y fungible, que aparece como la real motivación de su exoneración”.

El Municipio deberá pagar una indemnización de más de $12 millones a la ex funcionaria municipal.

 

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