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Concejal Becerra, ante graves denuncias que afectan al grupo económico: “Municipio debiese solicitar que se deje sin efecto la licitación que entregó la concesión del casino a Enjoy”

El Heraldo Austral

Un panorama muy complejo para el municipio de Puerto Varas en términos financieros, de no tomar acciones firmes ahora con respecto a Enjoy, prevé el concejal y candidato a alcalde Luis Becerra, ante la situación del grupo económico y las graves denuncias que lo afectan, tanto a ellos como a la Superintendencia de Casinos.

Para comprender lo que está pasando, explica Becerra, “en junio de 2018, Enjoy S.A. se adjudicó la concesión del casino de juegos de Puerto Varas -junto a otras tres comunas: Coquimbo, Viña del Mar y Pucón-, ofreciendo la entrega de una alta suma de recursos para el municipio, 4. 300 millones de pesos anuales, lo que fue determinante en la elección de su propuesta.  A principios del 2020, se constató el total incumplimiento de las obligaciones de Enjoy, que a esa fecha debiese haber a lo menos comenzado con las obras de construcción estipuladas en la licitación. No había nada, y tampoco se pudo cobrar la boleta de garantía de 12 millones de dólares –que es proporcional a los montos comprometidos-, puesto que Enjoy se escudó en la situación económica producida por el estallido social y la pandemia para acogerse a un proceso de reorganización judicial. Sin embargo, se pudo constatar después, que los problemas financieros del grupo son anteriores a este contexto y se deben a operaciones riesgosas que les generaron millonarias deudas”.

Frente a esto, señala Becerra, en mayo del año pasado se formó una comisión investigadora en la Cámara de Diputados para revisar los actos de la Superintendencia de Casinos respecto del estado de insolvencia del grupo Enjoy y el consiguiente perjuicio a las finanzas municipales y regionales. En diciembre la comisión emitió su informe final, que entre otras cosas detalla una serie de irregularidades en el proceso de adjudicación de la concesión a Enjoy para la operación de estos cuatro casinos. Además de un trato extraordinariamente “amistoso” de parte de la Superintendencia, la que falló rotundamente en su rol fiscalizador.

“Aquí hay dos puntos sumamente graves para nosotros como municipio, que obtenemos un porcentaje importante de nuestros ingresos a través del aporte anual que hace el concesionario del casino de juegos. A la luz de los antecedentes financieros que se revelaron el año pasado, vemos que los montos de las ofertas económicas presentada por Enjoy en la licitación resultan inviables. No tenemos ninguna certeza de que podrán cumplir a futuro con lo comprometido. Además, el 14 de julio pasado Enjoy renovó sus boletas de garantía (que vencían, en favor de los municipios, el 31 de ese mismo mes), reemplazándolas por pólizas de seguro, contraviniendo lo establecido en la Ley de Casinos, que para estos procesos de licitación de casinos municipales solo admite boletas de garantía o vale vista. Para las municipalidades, se trata de una garantía de menor peso, pues para cobrar el seguro, tendríamos que litigar con la compañía aseguradora, en cambio una boleta se ejecuta sin trámite”.

“En este momento no tenemos boleta de garantía que hacer valer, no hay un metro cuadrado construido y se supone que el casino debiese haber comenzado a funcionar en junio de este año. No podemos ser ingenuos de creer que los problemas financieros de Enjoy se solucionarán en el corto plazo. Por esto, lo más razonable y transparente es revocar la licitación, anularla y hacer un nuevo proceso”, afirma Becerra.

Además, el Decreto 77 firmado recientemente por el presidente Piñera, permite a la empresa Enjoy no cumplir con las obligaciones contraídas tras adjudicarse las licitaciones, postergando el cobro de las boletas de garantía, que en total son del orden de los 175 millones de dólares, extendiendo los plazos para iniciar el funcionamiento de los 4 casinos que se adjudicó en 2018. “Esta nueva prórroga implica preocupación exclusiva por los intereses de la empresa y no por los municipios afectados y por ende sus comunidades y el daño que se les provoca. Más allá de este escándalo, debemos tomar acciones para resguardar nuestra fuente de ingresos. Debemos hacernos parte y exigir que se anule el proceso de licitación del 2018, hacer un nuevo llamado o extender la actual concesión por un período mientras se regulariza la situación”.

“Es lamentable que tengamos esta incertidumbre adicional a toda la complejidad que estamos viviendo hoy producto de la crisis social y sanitaria, no sabemos a ciencia cierta con qué recursos contaremos, cómo planificaremos y nos proyectaremos si no tenemos claridad de nuestro presupuesto. La oferta de Enjoy implicaba aumentar en un 39% los ingresos para el municipio, ¿pero cómo podemos proyectar nuestro presupuesto sin certezas mínimas? Lo más grave de no percibir esto, es que no podremos dar respuesta a demandas locales tan urgentes como la compra de terrenos para proyectos de viviendas sociales, entre otras obras que son urgentes para la comunidad”, concluyó Becerra.