• 16 de Abril

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Rodrigo Palma, Ingeniero Comercial, llegó a la Dirección de Control del municipio de la ciudad de las rosas el año 2014 a través de concurso público. Básicamente, la función de la Dirección de Control de un municipio es visar que los actos administrativos cumplan con la ley.

 Palma fue separado de su cargo en diciembre del 2017 cuando se inició un sumario en su contra por su eventual responsabilidad en el doble cobro de licencias médicas (el funcionario hizo uso de licencia siquiátrica), sumario que concluyó en Octubre del 2018 con la destitución del Director de Control.

 Al mismo tiempo que se inició este sumario interno, el Alcalde Ramón Bahamonde envió un oficio a Contraloría “denunciando que Don Rodrigo Palma Alvarado, Director de Control, durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre del 2017, habría cobrado indebidamente los subsidios por incapacidad laboral directamente desde su institución de salud previsional, Isapre Consalud…por la suma de $3.433.707, a pesar de que en estos períodos se le pagaron en forma íntegra sus remuneraciones, conforme lo estipulado en el artículo 110, de la ley 18.883….”

 Luego de la investigación, Contraloría entregó oficio del 22 de junio del 2018 al municipio donde señala que se verificó que, efectivamente, las licencias médicas habían sido pagadas por la Isapre a Palma a través de depósito en su cuenta corriente, siguiendo las instrucciones que el departamento de personal del municipio había estampado en la sección C2 de cada una de las licencias que presentó Palma. Señala el oficio de Contraloría: “…se confirmó que la ISAPRE Consalud S.A. depositó en la cuenta corriente de don Rodrigo Palma Alvarado los subsidios de incapacidad laboral, ascendentes a $3.433.707, teniendo en consideración las indicaciones contenidas en la sección C2 del formulario de licencia médica, cuyo llenado es de exclusiva responsabilidad de la entidad empleadora”. Contraloría señaló además que los recursos debían ser enterados al municipio por la misma Isapre de acuerdo a la ley que establece las normas de recuperación de las licencias médicas en el caso de los municipios.

 Además, agregaba el oficio de Contraloría que corresponde que las responsabilidades administrativas de los funcionarios del departamento de personal que tramitaron las licencias sean vistas en el mismo sumario (que se estaba llevando a cabo contra Palma) y que “el municipio formalice los procedimientos de control para asegurar una efectiva percepción de dichos recursos”.

 A pesar de las conclusiones de este informe emanado por contraloría, en Octubre del 2018 se terminó el sumario que el municipio instruyó contra Palma el cual, como ya mencionamos, resultó con la destitución del funcionario.

 Luego de su destitución, Palma, a su vez, acudió a la Contraloría alegando la ilegalidad del sumario administrativo que se instruyó en su contra, y Contraloría contestó en oficio 266 del 2019 de fecha 23 de mayo que “…corresponde acoger el reclamo de ilegalidad formulado por el señor Rodrigo Palma Alvarado, por cuanto no se configuraron las infracciones que se le imputan …., por lo que el respectivo órgano comunal deberá ordenar la reapertura del sumario administrativo en examen, retrotrayéndolo a una etapa anterior a la formulación de cargos, a fin de completar, si corresponde, la investigación y adoptar todas las medidas que en derecho procedan…”.

 Palma no fue responsable de recibir el sueldo completo pagado por las Municipalidades a los funcionarios con licencia ya que está establecido por ley, ni tampoco es responsable de recibir el pago de la licencia que Isapre Consalud depositó en su cuenta, puesto que esta entidad de previsión siguió las instrucciones del propio empleador de Palma: el Municipio de Puerto Varas.

 Este dictamen implicaría que Palma debe ser reintegrado a sus funciones y el fiscal de la Municipalidad decidirá si vuelve a sus funciones o se le realiza otro sumario.