• 19 de Abril

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Como autores del delito de propagación de productos o elementos peligrosos para la salud animal o vegetal en carácter de reiterado, previsto y sancionado en el artículo 291  del Código Penal, en grado de ejecución consumado, la Fiscalía Local de Maullín-Los Muermos presentó acusación en contra de dos ejecutivos de la empresa sanitaria Essal S.A., por su responsabilidad en la contaminación del estero El Clavito, en la comuna de Los Muermos. La acusación fue presentada este viernes 31 de Mayo por el Fiscal Jaime Aguayo, debiéndose ahora fijar audiencia de preparación de juicio oral.

 Desde la perspectiva del Fiscal Regional de Los Lagos, Marcos Emilfork Konow, “la presentación de una acusación en el día de hoy representa para la Fiscalía un paso, un hito tremendamente importante en materia medioambiental. Es primera vez que la Fiscalía en la región ejerce la acción penal y presenta una acusación por delito medioambiental en contra de importantes ejecutivos de una empresa. Esto demuestra nuestro firme compromiso con la preservación del medioambiente en términos de que no se tolerará la comisión de delitos medioambientales en nuestra región”.

 Esta investigación se originó luego que varios vecinos colindantes al estero “se han visto afectados en todo este periodo por la contaminación de las aguas, lo cual ha generado mortandad de animales, baja en el nivel de vida de las propias familias, baja en los precios de sus predios”. De esta situación se puso en conocimiento de la sanitaria “mediante diversas infracciones que se le han cursado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios y que en definitiva causó que, ante el incumplimiento de las mismas, pagos de multas reiterados, se llegó en definitiva a un proceso penal en el cual se formularon cargos a los gerentes de Essal”. El persecutor confirmó que se trata de “la primera vez a nivel nacional que se presenta una acusación respecto de ejecutivos de empresas de este tipo”.

 De acuerdo al escrito presentado ante el Juzgado de Garantía de Los Muermos, desde enero de 2015 y hasta la fecha, Hernán Konig Besarepresentante legal y gerente de la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos ESSAL.S.A., y Paula Hormazábal Villar, jefa de procesos de saneamiento a cargo de la operación de la planta de tratamiento de aguas servidas (PTAS) de Los Muermos, “han hecho operar la citada planta a sabiendas que su funcionamiento introducía, propagando así indebidamente, en el cuerpo de agua conocido como Estero El Clavito, organismos, productos, elementos y agentes bacteriológicos y químicos susceptibles de poner en peligro y que efectivamente dañaron la salud animal y vegetal y el abastecimiento de agua de la población aledaña”.

  Según se describe en el documento presentado por el Ministerio Público, la operación de la planta de tratamiento introdujo y propagó bacterias y microrganismos como coliformes fecales, todo lo cual habría causado fragilidad ecosistémica del afluente y ambiente anóxico, efectos que se evidenciaron a casi 3 kilómetros aguas abajo del punto de descarga. “La contaminación antes descrita ha provocado la muerte de peces y de animales vacunos que bebían de sus aguas por enfermedades digestivas, metabólicas e intoxicación, a consecuencia de lo cual, actualmente, es imposible el aprovechamiento del agua del afluente para el consumo humano y animal”, se indica.

Considerando la pena asignada al delito de propagación de productos  o elementos peligrosos para la salud animal o vegetal previsto en el Código Penal, el Ministerio Público está solicitando se imponga a ambos acusados en este caso la pena de 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo.

 

Desde Essal informaron que: “Si bien aún no hemos sido notificados de la acusación presentada por el Ministerio Público, esta actuación es un paso necesario en el procedimiento que establece la ley. Esto abre una nueva etapa que nos permite por primera vez presentar nuestra defensa. Estamos ciertos que en las instancias legales respectivas podremos demostrar que lo que aquí ha pasado no puede ser objeto de un proceso penal, sino que responde a la saturación de las redes de la empresa al tener que hacerse cargo de aguas lluvias que deben ser gestionadas por el Estado, que aún no ha construido las obras que por ley está obligado a ejecutar”.