El municipio lacustre ingresó una denuncia al Ministerio Público por eventuales delitos cometidos por un funcionario de la Dirección de Seguridad Pública quien habría favorecido a una empresa creada por él, con la finalidad de suministrar distintos elementos tecnológicos a la propia casa edilicia.

La situación fue detectada en los procesos de adquisiciones y control por parte de la Dirección de Administración y Finanzas, DAF, quienes alertaron a las autoridades comunales y se tomaron medidas levantando información y accionando los procesos administrativos internos sumados a una denuncia al Ministerio Público.

En ese contexto y en el marco de la sesión de Concejo Municipal 109 el Alcalde Tomás Gárate explicó que “efectivamente detectamos internamente presuntos delitos de negociación incompatible y prevaricación funcionaria, lo cual fue detectado por la Dirección de Administración y Finanzas en el marco de un proceso de adjudicación de ciertos insumos. Solicité una serie de medidas, en primer lugar, el estado de la denuncia penal por eventuales delitos en materia de compras públicas, también el estado de tramitación de la investigación administrativa, situación actual del funcionario involucrado, medidas para la revisión exhaustiva de todos los productos recepcionados de parte de ese proveedor para poder revisarlo en conjunto con informática y activos fijos, y finalmente el listado completo de propuestas, control y mecanismos de prevención para robustecer los procesos de adquisición que incorporen mejores prácticas en declaratorias de ausencia de conflictos de interés en estas modalidades de compra, además de mecanismos que esperamos construir en conjunto a Recursos Humanos para la revisión de RUT de nuestro personal para cruzarlos con los RUT de los representantes legales de las empresas que se adjudican finalmente la compra a través de distintos mecanismos. Por lo tanto, esas son las solicitudes e instrucciones que impartí respecto a esta irregularidad, la denuncia ya se efectuó al Ministerio Público, por lo tanto, en el marco de la investigación sumaria se van a determinar que estas presuntas irregularidades, el tenor de ellas, para poder comunicarlas de manera formal, además de todas las medidas administrativas que se van a tomar sobre el caso”.

En cuanto a las acciones tomadas en materia judicial además de la detección de la irregularidad por los organismos internos del municipio, la asesora Jurídica Anaís Baraona señaló “la Municipalidad de Puerto Varas en el ejercicio de sus labores periódicas de revisión y de atender diversas alertas de soporte interno logró constatar el día 14 de junio una eventual irregularidad en la compra y adjudicación de equipos de televigilancia que se habrían entregado a un mismo proveedor en diversas ocasiones vía compra ágil o trato directo …. se logró constatar luego de un análisis muy profundo que correspondía a una sociedad en la cual tenía participación un funcionario que era quien tenía que técnicamente evaluar los requerimientos en materia de televigilancia del municipio, por lo tanto, estamos ante una situación de negociación incompatible de acuerdo al análisis jurídico que hemos realizado. También una situación de un eventual delito de prevaricación funcionaria por cuanto se toman decisiones teniendo un clarísimo interés respecto a las compras de este tipo de situaciones y en ese sentido, cumpliendo con el plazo de las 24 horas se denuncia al Ministerio Público fundadamente con todos los antecedentes que se lograron recabar y luego también se instruyen los sumarios administrativos que corresponden para evaluar este tipo de situaciones”.