• 09 de Noviembre

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En Julio del año 2016, el entonces Concejo Municipal encabezado por el ex alcalde Álvaro Berger, interpuso una demanda a nombre de la Municipalidad de Puerto Varas contra Ramón Bahamonde (Alcalde), Sebastián Fernández (Director de Administración) y Robinson Carrión (Tesorero) por indemnización de perjuicios dado que no enteraron dineros recaudados por los permisos de circulación al Fondo Común Municipal de los años 2008 y 2009 cuando Bahamonde estaba al frente del municipio.

 Estos dineros sumaban neto sobre $400 millones, pero con reajustes, intereses y multas superaban los $800 millones. La demanda es contra ellos por su responsabilidad en el daño causado al municipio por el cumplimiento tardío de la obligación financiera de enterar la recaudación del 62,5% de los permisos de circulación al Fondo Común Municipal.

 La demanda – que es supervisada por el Consejo de Defensa del Estado - ha seguido su curso regular desde la fecha que se interpuso en el Juzgado de Letras de Puerto Varas, por parte del abogado que ganó la licitación para llevar el caso, Duberli Guerrero, siendo el último movimiento que se produjo en la causa el pasado 3 de diciembre del 2018.

 Bahamonde no se ha hecho parte ni ha contestado la demanda.

 Por su parte, Fernández se ha defendido alegando la prescripción de la acción indemnizatoria, luego la inexistencia de la obligación extracontractual y finalmente alega que no existe una obligación solidaria de indemnizar. Asimismo, aprovecha de demandar, a su vez, a la Municipalidad por el ejercicio de una acción judicial abusiva en su contra, y el daño patrimonial y moral que conlleva demandarlo sin una justa razón legal.

 Carrión por su parte se defiende de la demanda alegando también la prescripción de la acción indemnizatoria.

 La causa sigue en la etapa denominada de DISCUSIÓN ya que aún no se han evacuado los trámites finales de la discusión respecto de la demanda que Fernández interpuso contra el Municipio. Cuando este trámite se concrete (hay plazo legal para ello) se verificará la audiencia de conciliación que por ley es preciso celebrar.

Si fracasa la conciliación, se abrirá el período de la PRUEBA, ya que todo juicio tiene TRES GRANDES ETAPAS: Discusión, Prueba y Fallo.