Expectación ha causado la acusación constitucional en contra de la Ministra de Educación, Marcela Cubillos, impulsada por miembros del Partido Socialista, y apoyada por la bancada de oposición. La situación pareciera hacer de este un buen momento para analizar la naturaleza de dicho recurso político y su relación con la cartera de educación.

Las acusaciones constitucionales son un recurso cuyo fin es hacer efectiva la responsabilidad política de funcionarios públicos cuando se considera que sus actos han incurrido en faltas a la Constitución Chilena y se utiliza con el propósito de destituir a dicha autoridad. Este medio ha estado disponible en nuestra legislación desde la Constitución de 1828. Sin embargo, en estos casi 200 años, se ha utilizado en solo tres ocasiones en contra de algún Ministro de Educación; todas ellas en el último cuarto de siglo.

La primera oportunidad en que se levantó una acusación constitucional en contra de un Ministro de Educación fue el año 1997. Eran los tiempos de la administración Frei y el Ministro cuestionado fue José Pablo Arellano. Arellano fue acusado de incurrir en omisiones que dejaron alrededor de 70.000 profesores sin recibir incentivos económicos asociados a sus capacitaciones. Dicha acusación fue desechada el 19 de junio de 1997.

Pasaron 11 años, hasta que nuevamente un Ministro de Educación estuvo en el banquillo. El año 2008, bajo la primera administración Bachelet, la Ministra Yasna Provoste se vio envuelta en el bullado Caso Subvenciones. Contraloría General había detectado irregularidades en los pagos de subvenciones escolares que ascendían a más de medio millón de dólares. A diferencia del caso anterior, el resultado fue adverso y Provoste se convirtió en el primer ministro de estado en ser destituido desde el regreso de la democracia.

Similar suerte corrió Harald Beyer el año 2013, bajo la primera administración Piñera. En esa ocasión, el Ministro Bayer fue acusado de no ejercer acciones que impidieran la obtención de lucro por parte de las universidades, situación prohibida por la ley. A pesar de los argumentos esgrimidos por su coalición, quienes indicaban que dichas responsabilidades recaían en el Ministerio del Interior, el Ministro fue declarado culpable y destituido tras una ajetreada sesión que debió ser suspendida debido a las intenciones de estudiantes y docentes de la Universidad del Mar de ingresar a la sala, lo que fue finalmente permitido.

La acusación a la Ministra Cubillos, es la cuarta ocasión en que un Ministro de Educación deba enfrentar este proceso. Es entonces un buen momento de reflexionar quizás en los efectos que estas acusaciones tienen para conseguir los propósitos que pudieran perseguir respecto a la Educación en Chile.

Rodrigo Muñoz Alvarado

Docente Pedagogía Media en Inglés

Universidad San Sebastián, Sede De la Patagonia.