Opinión

Aguas Lluvias y Responsabilidad Empresarial: El Mundo al Revés

El Heraldo Austral

En sendos artículos desarrollados por la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC) y publicados la semana pasada en El Mercurio de Santiago y en El Llanquihue, el gremio de inmobiliarios y constructores pone la voz de alarma sobre el grave problema que ocasiona la inadecuada administración fiscal de las Aguas Lluvias en las ciudades del Sur de Chile.

Más que el llamado público de la CCHC a formar un “Comité de Crisis”, llama la atención la causa de su alarma.

Es que dicha alarma  no proviene del evidente colapso de las redes sanitarias y viales, de la degradación del medioambiente y ni de la calidad de vida urbana que en general ha ocasionado el crecimiento inorgánico y desmesurado de proyectos inmobiliarios de alta densidad sin mitigación, por décadas en ciudades como Puerto Montt y Pucón,  últimamente en Puerto Varas y próximamente en otras ciudades ribereñas del Lago Llanquihue. Porque este efecto destructivo de la presión inmobiliaria ocurre cuando en su desmedida voracidad, ella abusa de la vulnerabilidad de los organismos fiscalizadores municipales y regionales y de los intersticios que aún ofrece la Ley General de Vivienda y Urbanismo, para “hacer la pasada”.

Junto al colapso vial y a la destrucción de los patrimonios arquitectónicos y naturales y la funcionalidad estructurante de las ciudades en que se ha posicionado, ha sido ese cortoplacismo  el que ha arruinado los humedales y sumideros, los drenajes y filtros naturales de las aguas lluvias en los bordes costeros y ha acelerado la impermeabilización del casco urbano, contribuyendo junto a la desatención de los organismos públicos y privados pertinentes, a la saturación de las redes sanitarias.  

Pero la alarma de la CCHC proviene -en las palabras de su representante regional- por la paralización de 60 Proyectos en la Región de Los lagos y Los Ríos, que ha ocasionado la suspensión de factibilidad con ampliación territorial por parte de la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos SA (ESSAL) desde hace dos meses.

Es decir, los esfuerzos de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), por recomponer las confianzas en el empresariado chileno mediante el reconocimiento de la responsabilidad que cabe a la empresa privada no sólo en la gestión de renta sino también en su impacto ambiental y social, no encuentran eco en nuestra CCHC, quienes al parecer conciben la ciudad como un botín a ser depredado por sus asociados y a manifestar su alarma sólo cuando dicho despojo  encuentra el obstáculo decidido de una empresa que, como muestra en este caso ESSAL, hace uso legítimo de sus derechos con una visión de más largo plazo para defender su misión integral, no sólo de rentar, sino que hacerlo respondiendo al mandato social y medioambiental que justifican la gestión empresarial del siglo XXI.

Pero esta historia no acaba aquí, sino más triste aún es que un organismo especializado como la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) que ha estado presente en las sucesivas Mesas Sanitarias Regionales formadas  desde al menos siete años con el objeto de prevenir el colapso ambiental, tenga la  inaceptable imprudencia de declarar públicamente que “la decisión de ESSAL es preocupante”.

Es decir a este organismo cuya razón de ser es la Protección del Medio Ambiente por mandato Constitucional, no le ha preocupado el colapso sanitario y la crisis ambiental de la manera que sí le “preocupa hoy la decisión tomada por ESSAL” de acotar sus factibilidades sanitarias a los radios operacionales, en aquellas ciudades en las que la red sanitaria saturada por las aguas lluvias pone en serio peligro el Medio Ambiente hasta materializar las Obras de Seguridad que permitan contenerlo.

Sorprende tanto de la CCHC como de la SISS su ineptidud para comprender que los tiempos han cambiado y que la ciudadanía hoy esta informada y activa del acontecer en sus ciudades, que quiere ver superados el uso sistemático de la “vivienda social” y “del empleo” como escudo para justificar el despojo y atropello de los patrimonios ambientales y urbanos de las ciudades del sur, en beneficio de unos pocos malos empresarios y malos políticos. Que sabemos que sin desmerecer los potenciales aportes de la Construcción, la economía regional no descansa en ella ni en los precarios empleos que ella ofrece. Que sabemos que el desmedido incremento del costo del suelo urbano en Chile es una burbuja que obedece a la especulación inmobiliaria que han impulsado los Fondos de Inversión para la Renta y no en las restricciones urbanas, una burbuja que ha alejado el sueño de la casa propia a los chilenos y que es susceptible de reventar con el incremento de las tasas de interés y dejar en banca rota a cientos de miles de incautos inversionistas. Que sabemos finalmente que la capacidad de gestión del Sector Público es restringida y que pedimos de él que al menos no se constituya en un obstáculo al Desarrollo Sustentable que promovemos la sociedad civil y las empresas privadas en Chile que toman su misión en serio.

 

Pablo Ortúzar A

CI 6.989.612-k