En los primeros decenios de la República, Chile exhibía sobre su sur documentos coloniales impecables y una presencia casi nula. Al sur del Biobío —descontados el enclave de Valdivia y el archipiélago de Chiloé— se extendía un territorio que los mapas pintaban de chileno y que nadie recorría a nombre del Estado: sin caminos, sin registros, sin jueces, sin párrocos con feligreses. En derecho eso se llama título sin posesión. En geopolítica se llama invitación.

 

El 25 de agosto de 1846 fondeó en Corral el bergantín “Catalina” con un puñado de familias germanas. No lo enviaba el gobierno: era una iniciativa privada que se adelantó por años a la acción efectiva del Estado, el que ya en 1845 había dictado su ley de inmigración selectiva pero aún no la ejecutaba. Seis años más tarde comenzaron a llegar los contingentes organizados, que se establecieron principalmente entre Valdivia y Llanquihue.

 

Lo decisivo no fue su desembarco, sino lo que vino después: el desmonte, la escuela, el molino, el astillero, el juzgado, la deuda pagada, el hijo enterrado. Cada hijuela marcada fue un acto de soberanía más eficaz que cualquier nota diplomática. En 1852 murió Bernardo Philippi —el mismo alemán que había reclutado a sus primeros compatriotas para establecerse en el sur del mundo— siendo gobernador de Magallanes: la colonización de Llanquihue y la toma del Estrecho en 1843 fueron dos caras de una sola política. Cuando Chile ha sabido pensar en grande, siempre ha estado a la altura.

 

Vale la pena mirar el contraejemplo. Apenas una década más tarde, un abogado francés, Orélie-Antoine de Tounens, se internó en la Araucanía y se hizo proclamar soberano de un reino que abarcaba desde el Biobío hasta el cabo de Hornos. Tuvo constitución escrita, bandera propia, ministros y correspondencia diplomática; le faltó exactamente aquello que Chile supo procurarse: gente trabajando la tierra. Se lo capturó, se lo declaró demente y se lo embarcó de vuelta a Francia. Solución elegante, aunque demasiado cómoda, porque trató como delirio individual lo que era un cálculo bastante racional sobre un vacío verdadero. La prueba de que no era simple locura es que el “reino” conserva herederos, cancillerías de fantasía y voceros a quienes todavía se rinde pleitesía, y que su relato reaparece, apenas maquillado, en las tesis de autodeterminación y en las reivindicaciones que circulan por nuestras provincias.

 

Ciento ochenta años después el mapa está fijado, pero la lección permanece intacta: la soberanía se sostiene donde hay familias con arraigo, propiedad respetada y ley que se aplica. Donde el Estado se repliega —donde un predio tomado espera años sin lanzamiento, donde el camino se corta y nadie responde, donde la autoridad negocia lo que debiera resguardar—, el papel vuelve a quedar solo. Y siempre aparecerá alguien dispuesto a coronarse en el espacio que dejamos vacío.

 

Los alemanes que llegaron hace 180 años no vinieron a fundar un reino. Vinieron a quedarse y, al quedarse, hicieron patria; tal como lo prometería Anwandter pocos años más tarde, fueron “chilenos honrados y laboriosos como el que más lo fuere”. Ese es el aniversario que conviene recordar.