En nuestra calidad de ciudadanos atentos al acontecer de nuestra realidad local, es que ponemos atención a la situación tratada en Concejo Municipal sobre el manejo de los residuos domiciliarios en la planta de La Laja, Puerto Varas.

La empresa Interaseo, encargada del manejo de esta planta, se ampara en un desfavorable contrato para la ciudad de Puerto Varas que data del año 2013, ha sido permanentemente fiscalizada por la actual administración municipal; pese a esto y a las reiteradas multas, en el último control se evidenció un delito ambiental que puede tener consecuencias para la salud de las personas y el medio ambiente. Como resultado de esto la administración municipal propone poner término al contrato con la empresa Interaseo dejando temporalmente el manejo y control de este relleno sanitario en manos de la Asociación de nueve Municipalidades de la provincia. En nuestro país las empresas prefieren pagar las exiguas multas que corregir radicalmente sus procesos ya que los esquemas legales y contractuales las favorecen. De continuar esta anomalía por parte de la empresa responsable, la Municipalidad de Puerto Varas arriesga una multa de 22.000 millones de pesos, cifra equivalente al presupuesto anual de la comuna, según indicara el Alcalde en reunión de Concejo. Esta propuesta fue rechazada en la instancia con el voto disidente de los Concejales señores Salazar, Godoy y Horn todos opositores al Edil argumentando entre otras razones que las empresas estatales carecen de idoneidad para su desempeño y sería adecuado volver a licitar el contrato.

Deseamos dejar muy claro que no nos molesta la disidencia pues creemos firmemente que ella genera nuevas ideas y que disentir es uno de los aspectos que hacen de la política una práctica constructiva para las personas y las instituciones que las sirven, sin embargo, a la luz de los hechos, interpretamos esta negativa como una acción contumaz, y no de disidencia ideológica, cuyo objeto es desconocer la inspiración comunitaria y social de la actual administración edilicia. Los hechos nos motivan a pensar también en que en años de elecciones de alcaldes y concejales los partidos políticos aspiran, legítimamente, a mantener los territorios y a recuperar otros. Imposibilitar el avance de esta iniciativa del Alcalde Gárate sin duda puede dar a la oposición un argumento para sacarlo del sillón edilicio.

Argüir que el Estado es mal empresario y que sólo los privados tienen las capacidades de aportar soluciones efectivas a las necesidades de las comunidades es un discurso que hemos escuchado por más de cuarenta años por parte de quienes creen que el mercado lo resuelve todo; cada comunidad es un mundo inserto en un espacio físico y social y cultural cuya existencia, en la mayoría de los casos afines, es invisible a los ojos del capital. En Chile conocemos experiencias de sobra. ¿Por qué insistir en actitudes mezquinas de alcance partidista y electoral?

Finalmente, apelamos a la conciencia individual de nuestros servidores públicos cuyo compromiso y responsabilidad es con la ciudadanía que los elije para representar sus legítimas aspiraciones.