Las cifras en Chile nos muestran que las mujeres somos el 51% de la población, sin embargo, también indican que 1 de cada 3 mujeres vive o vivirá violencia de parte de su pareja o expareja y que en promedio demoramos alrededor de 7 años en denunciar estos hechos. También sabemos que la violencia contra las mujeres no distingue edad, clase social, etnia, raza, nivel educacional ni dónde vivimos. Cuando logramos comprender que la violencia contra la mujer no sólo impacta a quien la recibe sino también a su entorno cercano, como sus hijos e hijas, a su comunidad y a la sociedad plena, recién podemos empezar a ver realmente de qué se trata todo esto.

En esta administración, el Ministerio de la Mujer está rediseñando y optimizando los programas de atención para mujeres víctimas de violencia que se ejecutan a través de SernamEG, los cuales van desde un enfoque preventivo a apoyo jurídico y psicosocial para víctimas de violencia de género, incluida la sexual. Pero para erradicar la violencia que afecta a más de un tercio de las mujeres de nuestro país, se requiere mucho más que el esfuerzo de una sola institución. Nos necesitamos a todos y todas para esto, y esto aplica también a los diversos órganos del Estado, instituciones públicas y privadas, organizaciones civiles, juntas de vecinos/as, personas mayores, jóvenes e infancias, es decir a TODOS y TODAS.

Por lo mismo es que necesitamos con urgencia una ley marco que establezca deberes en torno a la prevención de la violencia contra las mujeres, que mandate a los organismos del Estado a dar una respuesta oportuna, coordinada y eficaz ante cualquier caso; que promueva atención y reparación a los hijos e hijas de la mujeres víctimas de violencia para que puedan desarrollarse plenamente sin afectación permanente de lo vivido, que cualquier mujer víctima de violencia cuente con una abogada que la pueda asesorar y patrocinar en caso de requerirlo, que fortalezca las medidas cautelares y se resguarde su cumplimiento, que cree un sistema integrado de gestión y seguimiento de casos que permita evitar la revictimización y genere alertas tempranas para una mejor intervención y que se amplíe la violencia contra las mujeres hacia las relaciones de pololeo y no únicamente entre quienes conviven o tienen un hijo o hija en común. En el fondo, una normativa que asegure una atención oportuna y eficaz y que propicie el cambio cultural que se requiere.

Esto es lo que propone el proyecto de Ley Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, una ley que lleva cerca de 7 años de discusión en el Congreso y que esperamos sea prontamente una realidad gracias al trabajo realizado por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y de parlamentarias que han impulsado el debate legislativo. Esta ley no puede esperar.