Opinión

OPINIÓN: Mala calidad del agua, crecimiento inmobiliario y el estancado Plan Regulador de Puerto Varas

El Heraldo Austral

Un mal partido se está viviendo la ciudad de Puerto Varas, en la región de Los Lagos, por una evidente crisis sanitaria, causada por un completo colapso en el sistema sanitario y que ha provocado la contaminación del Lago Llanquihue. Los parámetros que constan en las normas secundarias de calidad ambiental, establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente, que se encuentran superados, en consecuencia, la comuna calificaría para ser declarada como Zona Saturada.

El problema, además de la contaminación del lago, es que las autoridades a cargo de implementar las soluciones se endosan recíprocamente la responsabilidad y ninguna toma el mando de la situación. Entonces ¿de quién es el problema? ¿Debe realmente ser declarado el lago como Zona Saturada?

Ante la segunda interrogante, la respuesta es un rotundo sí. Por ello, diversas organizaciones puertovarinas como Fundación Geute Conservación Sur, la Unión Comunal de Juntas de Vecinos rurales y urbanos, y la Corporación de Turismo y Cultura de la comuna, se unieron para presentar ante la Corte de Apelaciones respectiva un recurso de protección contra la autoridad ambiental, “por incurrir en omisiones ilegales y arbitrarias que amenazan, privan y perturban de forma sistemática y permanente el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación”, tal como señala el documento.

Esta solicitud se respalda en el último Informe de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente, en el que se señala explícitamente que los parámetros medidos en el lago se encuentran alterados, por lo cual debe en forma urgente ser declarado Zona Saturada y Latente, según sobrepasa o se encuentra cercano a la norma en comento.

Esto significa que distintos parámetros medidos en el lago han sido superados, lo cual constituye un riesgo para la protección del medio ambiente y la preservación de la naturaleza, por lo que su vulneración afecta directamente el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación que ampara a los habitantes de la comuna.

Un problema de todos y de nadie…

No obstante, el Ministerio de Medio Ambiente, a cargo de hacer esta declaración, que es fundamental para la conservación del lago, emitió una respuesta al recurso de protección señalando que “no existe una omisión arbitraria e ilegal (…) ya que la dictación de una zona saturada o latente no es un imperativo normativo, ya que precisamente no existen plazos asociados para su dictación, de modo que es prerrogativa de la Autoridad determinar la oportunidad precisa para su dictación”, lo que en palabras simples es negar la urgencia que requiere hacerse cargo del problema, así como también su deber al que se encuentra mandatada por ley.

De la respuesta emitida por los representantes del MMA, lo que más llama la atención es que de cierta forma se desligan del problema, aludiendo a que no es de su competencia. “La existencia de un posible daño ambiental, del cual ya se encuentra conociendo el Tercer Tribunal Ambiental; la falta de una adecuada planificación territorial; y la histórica negligencia de la empresa sanitaria ESSAL y autoridades en el desarrollo de la infraestructura sanitaria idónea, según señalan las recurrentes, que ha afectado el lago Llanquihue, todo lo cual no tiene relación con este Ministerio”, señala el documento.

Deuda pendiente

Por otro lado, la evaluación ambiental estratégica del mismo Ministerio de Medio Ambiente estableció que la edificación descontrolada contribuye a la contaminación. Hasta la fecha, la actualización del Plan Regulador Comunal supuestamente impulsada por el alcalde Ramón Bahamondes, cuya primera tramitación fue rechazada por adolecer de vicios de fondo y falta de participación ciudadana en su proceso, se ha tramitado sin prolijidad ni avance alguno, encontrándose en los hechos actualmente paralizada por actos del propio Municipio a cargo, y sin posibilidad de que en el corto plazo inversiones públicas y privadas den solución a los problemas.

Macarena Soler, directora de la Fundación Geute Conservación Sur, indicó que “Mientras no exista una gestión integrada de los problemas de la ciudad, todo permiso de edificación debe ser suspendido. Puerto Varas no está preparada para soportar el continuo y desregulado crecimiento inmobiliario, pues implica un aumento lógico en la población y, en consecuencia, del problema sanitario.”

En este sentido, la misma empresa sanitaria Essal se reconoce colapsada, ya que no hay infraestructura capaz de soportar el agua en la red de alcantarillado, situación ante la cual ha demostrado la concesionaria una voluntad imperiosa por contribuir a las soluciones, adoptando una serie de compromisos con la comunidad de Puerto Varas, entre ellos la elaboración de un Plan de Desarrollo de Obras, cuya ejecución se encuentra pendiente, y el consecuente otorgamiento de factibilidades condicionadas.

Por su parte, Ingrid Bartsch, presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales y Urbanas de Puerto Varas sostuvo que “ya firmamos un recurso de protección manifestando la saturación del lago, que se pudo comprobar, mediante análisis, que está muy contaminado y así poder iniciar una campaña para limpiarlo y cuidarlo. Para nosotros como ciudadanos el lago es el motor de la ciudad, hay muchas juntas de vecinos que viven del turismo y del lago. Es por ello, esperamos que se declare como zona saturada para comenzar con un plan de descontaminación y hacer una buena fiscalización”.

En tanto, Jaime Gaete, vicepresidente del Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc) de Puerto Varas, manifestó que "es muy importante que la comunidad esté atenta a toda la contaminación medio ambiental que tiene la comuna, porque le afecta en forma directa y también es importante que se entienda que la comunidad no quiere más habitantes hasta que se mejoren las condiciones de agua potable, alcantarillado, aguas lluvias y todas las debilidades que tiene Puerto Varas, para poder seguir creciendo en densidad en altura"

En definitiva, son las autoridades las responsables de regular el crecimiento inmobiliario y reducir al mínimo su impacto en el medio ambiente y la calidad de vida de las personas, debiendo actuar a tiempo para así prevenir situaciones como la ocurrida en la comuna de Osorno –donde alrededor de 200 mil personas quedaron sin agua-, lo que demuestra lo frágil del sistema y la catástrofe que significa continuar creciendo sin control. La actitud del Ministerio del Medio Ambiente, de dilatar injustificadamente la declaración como Zona Saturada implica asimismo la dilación en la implementación de un plan de descontaminación, que podría contribuir a articular los esfuerzos e inversiones necesarias para dar solución a los problemas descritos, además de adoptar las correspondientes medidas preventivas.

Fundación Geute Conservación Sur