La entrada en vigencia avanza en el cumplimiento de la obligación del Estado de Chile de aplicar la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña (CDN) como un eje central de la gestión. Esta ley se suma al Servicio de Protección Especializada y la Ley de Garantías de los Derechos de la Niñez, ambos ya en implementación. 

Sobre la nueva ley, el recién asumido ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, destacó que: “hoy es un gran día, puesto que marca un hito muy importante para el país. Sin perjuicio de ello, la implementación del nuevo Servicio no significa que el Estado deje de lado su obligación, hoy, de atender como corresponde a los jóvenes que están bajo su cuidado”.

 El ministro Cordero indicó que la Ley N° 21.527 consagra una política pública que se inició en el gobierno de la ex Presidenta Bachelet y que fue tramitada durante 5 años, escuchando a expertos en materia de reinserción social, funcionarios y organizaciones de la sociedad civil. Fue una de las principales urgencias legislativas una vez asumido el Presidente Gabriel Boric y tras un largo debate, abierto, democrático y participativo, hoy es ley”. En esta dirección resaltó el aporte de los parlamentarios de todos los sectores que hicieron posible contar con el cuerpo legal.

El nuevo organismo mejora y moderniza el rol que cumple el Estado en el fortalecimiento de acciones concretas por la reinserción de las y los jóvenes que han infringido la ley, mediante una mirada especializada, sistémica e intersectorial, que se materializa en la creación de una nueva institucionalidad y un nuevo procedimiento para la aplicación de sanciones penales a las y los jóvenes menores de edad en conflicto con la justicia, trabajando coordinadamente por la reinserción social y la prevención de la delincuencia en jóvenes.

El Servicio de Reinserción Social Juvenil tendrá como propósito administrar y ejecutar las medidas y sanciones contempladas por la Ley sobre Responsabilidad Penal Adolescente (Nº 20.084), mediante el desarrollo de programas que contribuyan a la reinserción social de las y los jóvenes que han infringido la ley. 

• La adscripción al Sistema de Alta Dirección Pública.
• Establecimiento de un modelo de intervención técnico y profesionalizado. 
• Aseguramiento de los recursos humanos y materiales necesarios para aplicar el nuevo modelo de intervención. El nuevo Servicio incrementará su dotación de personal en un 25% por sobre la actual dotación efectiva del SENAME en materia de justicia juvenil. En particular, aumentarán las dotaciones regionales. 
• Fijación de estándares de calidad por cada programa de ejecución de medidas y sanciones, los que contarán con la aprobación de un Consejo de Estándares y Acreditación, conformado por profesionales altamente especializados, nombrados a través del Sistema de Alta Dirección Pública. 
• Existirá un sistema de evaluación y toma de decisiones, con la finalidad de mantener la fidelidad de la intervención y entregar herramientas para la toma de decisiones en el corto, mediano y largo plazo. 
• Considerará también, la supervisión de programas privativos de libertad de administración directa y del medio libre, tanto en los aspectos técnicos como administrativos y financieros. 
• Redefinición de un sistema de colaboración público-privada en base a criterios de gestión de calidad, mejores procesos de supervisión financiera y técnica, y un sistema de financiamiento más adecuado.

El nuevo servicio tendrá un año de preparación y luego se implementará gradualmente por zonas a lo largo del territorio nacional, iniciando en la zona norte con las regiones de Arica, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo; zona sur: regiones de Maule, Ñuble, Biobío, la Araucanía, Los Ríos, Aysén y Magallanes y zona centro: Regiones de Valparaíso, O’Higgins y Metropolitana.