Lo ocurrido en los últimos años, y en especial en los últimos meses, con la gestión de las empresas sanitarias es que se ha producido una verdadera avalancha de diferentes actores públicos y sociales apuntando responsabilidades, solicitando quitar concesiones, exigiendo modificar leyes, estatización de los recursos, aumento de multas, compensaciones reales a los problemas, que existe poca fiscalización, etc.
Al parecer somos un país reactivo y muy poco proactivo en cuanto a los problemas que se pueden suscitar en algún momento. La lección que debemos sacar como región y como país es asumir la vulnerabilidad del sistema y comprender las reales responsabilidades de los sectores público y privado. Esta reflexión tiene que estar a nivel de Planificación del Estado, ya que el rol del servicio público es entregar las reglas del juego claras para que el sector privado pueda invertir, y/o ejecutar lo que se solicita a través de las concesiones públicas (aguas, carreteras, electricidad, entre otras). Cuando vemos que la estructura del Estado es centralista y mandatada por ministerios sectoriales -que muy pocas veces se coordinan entre ellos-, es que nace esta reflexión.
En el año 2017 después de los que ocurre en Puerto Varas con el lago Llanquihue, se conformó una mesa técnica pública-privada (coordinada en ese entonces por la Seremi del Medio Ambiente), para buscar soluciones a las problemáticas que afectan al cuerpo de agua que cuenta con una normativa secundaria ambiental. Esta iniciativa buscaba, como principal objetivo, ejecutar soluciones a corto, mediano y largo plazo. Como resultado se realizaron acciones tendientes a resolver problemas históricos de Puerto Varas, pero el problema mayor como el uso del aliviadero de tormenta por ingreso al sistema de alcantarillado de aguas lluvias, sigue siendo un tema en el que hay que avanzar, ya que está amparado en temas legales, y es una problemática que afecta a las 30 comunas que conforman nuestra región.
Por ejemplo, el sistema de aliviaderos de tormentas (despiche que se da en las plantas de tratamiento o plantas elevadoras de las sanitarias) se sustenta desde el año 2011, momento en que la Superintendencia de Servicios Sanitarios impartió instrucciones, mediante el Ordinario N° 3104, en las que precisó las condiciones en las que está permitida la operación de los sistemas de aliviaderos de tormenta o de emergencia en sistemas de recolección de aguas servidas, plantas elevadoras y plantas de tratamiento de aguas servidas. Los aliviaderos de tormenta o de emergencias, en el caso de uso por precipitaciones, no podrán estar funcionando más allá de 72 horas después de finalizada una lluvia.
Esto nos lleva a la siguiente reflexión: si estamos en un año normal de pluviosidad constante (lluvias todo el año), estos aliviaderos podrían potencialmente estar abiertos durante todo el año, agravado de que ingresen las aguas lluvias a este sistema de alcantarillado, contaminando los diferentes cursos de aguas.
Pero, ¿quiénes son los responsables de las aguas lluvias en Chile?. La ley vigente en Chile dice que las sociedades anónimas de servicios sanitarios no les cabe ningún tipo de responsabilidad en la operación, mantención y reposición de las obras de infraestructura del sistema de aguas lluvias. Esta responsabilidad recae en el MOP a través de la Dirección de Obras Hidráulicas, respecto de las redes primarias y en los SERVIU respecto de las redes secundarias. (Esto sustentado en la Ley 19.525 [ORD. Nº2041/98].)
Por otro lado, para cualquier obra se necesitan diseños (que son los planes maestros de aguas lluvias) que hoy aún no está aprobado para la comuna de Puerto Varas (debido a los costos y burocracia del sistema público), sin embargo, los diseños no darán la solución sino existen Obras de Ejecución (sistema de obra de aguas lluvias). Los recursos que implican todas estas obras son millonarios y es ahí donde deben actuar estos acuerdos Públicos-Privados, para determinar dónde intervenir primero, ya que los recursos del Estado son escasos y se deben priorizar las zonas a intervenir dentro de las ciudades con mayores problemas.
La disyuntiva es si seguimos desgastándonos buscando al culpable o nos ponemos a trabajar entre todos para buscar las soluciones. Este acuerdo tiene que ser coordinado por el servicio público, ya sea el Gobierno Regional u otro servicio, e integrada con los diferentes actores involucrados, mientras los poderes Ejecutivo y Legislativo hacen su tarea de modificar las leyes correspondientes. Si no avanzamos en esta dirección, nos encontraremos nuevamente en el futuro discutiendo por situaciones que afectan en la calidad de vida de las personas y en las que debimos haber puesto toda nuestra voluntad y energía.
Jorge Pasminio Cuevas
Academico Universitario Geógrafo U. de Chile Master en Desarrollo Rregional U. de Dortmund.
