No alcanzamos a llegar a marzo y el financiamiento de la Educación Superior y en particular el Crédito con Aval del Estado ya está en los titulares. No hay duda de que, desde el anuncio de la promesa presidencial de condonación del crédito, miles de deudores dejaron de pagar sus compromisos. No debemos dejar de recalcar que asumieron un compromiso.

Los datos de la Comisión Ingresa reflejan un punto de inflexión: el alza en la morosidad se acelera desde el anuncio presidencial y eso ha provocado un daño tremendo. Daño no sólo a las arcas fiscales, sino que, con un cierto realismo mágico, también por la reiteración de argumentos que no tienen soporte en términos de equidad y finanzas.

El CAE es un instrumento legítimo y necesario para quienes desean seguir estudios superiores. Es sin duda perfectible al ajustar el valor porcentual máximo a pagar, y su duración. Eso ya existe en el Reino Unido y Australia, con críticas, por la caja de resonancia mediática que tienen los universitarios. Sin embargo, no podemos perder de vista que como instrumento ha permitido a miles de jóvenes estudiar y enfrentar la vida. La casuística debe resolverse caso a caso, sin convertirla en la regla general.

Es altamente probable que, si la recuperación neta del CAE fuese directamente a las instituciones, para apoyos estudiantiles, sin aumentar el gasto fiscal, el apoyo sería muy grande. Todos entenderíamos más y mejor los destinos concretos de los recursos.