Chile es un país cuyo territorio se encuentra expuesto a una serie de amenazas naturales que pueden terminar en desastres. No solo debemos pensar en terremotos y erupciones volcánicas, sino que también somos uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático como lo plantea el último informe del grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático de la ONU (IPCC).

Desconocer esa realidad y negarse a tomar medidas para prepararse frente a un escenario que cada vez presentará eventos hidrometeorológicos más severos, no solo es mezquindad, sino que también es apostar erradamente en contra de las comunidades más vulnerables.

Por ello se lamenta la decisión de algunos concejales de Puerto Varas que con su voto de rechazo han impedido en dos ocasiones la creación de una dirección de gestión de riesgos y emergencias, una unidad clave en cualquier gobierno local. Contar con una unidad que pueda asumir las labores preventivas, que pueda preparar a vecinos y vecinas a entender los riesgos que existen en su área y con ello, definir de mejor modo cómo protegerse y resguardar a su familia, es esencialmente pensar en la seguridad de quienes habitan el territorio.

La reducción de riesgos de desastres, que contempla no solo cómo reaccionar cuando ocurre una emergencia, sino que es un enfoque orientado a la mitigación de impactos y prevención de la comunidad entregándole herramientas para enfrentar de mejor modo eventos críticos no responde a un capricho, ya que hay suficiente evidencia que plantea que invertir en prevención no solo salva vidas, sino que también reduce los costos de recuperación.

La ley 21364 que crea el sistema nacional para la prevención y respuesta ante desastres (Sinapred) establece que los municipios deben elaborar planes de emergencia y de reducción de desastres, los que sin duda requieren de un equipo especializado a cargo para la ejecución de cada uno de ellos.

Los gobiernos locales cumplen un rol fundamental en desastres, dado que sus equipos son quienes mejor conocen el territorio, sus amenazas, sus comunidades y por ello los municipios son los primeros en responder en caso de que ocurra una emergencia.

Negarle a una municipalidad que incorpore dentro de su institucionalidad una instancia que pueda asumir la gobernanza y gestión, tanto preventiva como de respuesta a futuros desastres, es negarle a los vecinos y vecinas la posibilidad de aprender, prepararse y salvar sus vidas.