Los mensajes presidenciales se caracterizan por abordar un abanico tan amplio de temáticas que uno tiende a quedarse con aquellos anuncios que los medios de comunicación destacan con mayor relevancia de acuerdo a sus audiencias. Este último mensaje ciertamente no es la excepción. Es un sitio común que se debata entre el gobierno y la oposición si lo anunciado es una propuesta innovadora o bien es solo un recordatorio de promesas incumplidas de mensajes y / o gobiernos anteriores, los cuales en esta oportunidad se vuelven a ofrecer para saldar las deudas por su urgencia como problema público o su impacto mediático.
En particular, sigo atento a aquellas iniciativas que se proponen en virtud de ir avanzando en la optimización de la gestión pública, y con ello abordar en forma sistemática e integral procesos necesarios de modernización del Estado. La búsqueda de la eficacia gubernamental es un proceso que no se detiene, tanto por las sostenidas y crecientes desconfianzas de la ciudadanía a las organizaciones públicas como por las restricciones fiscales que hacen cada vez más exigible mayor eficiencia en el gasto público en todos los niveles decisionales. Así, por ejemplo, en los resultados de la evaluación de programas gubernamentales que realiza DIPRES (2018) se pudo constatar que de 22 programas evaluados solo dos arrojaron como resultados un buen desempeño y 10 fueron calificaron como de bajo o mal desempeño. Los costos fiscales son evidentes ante una mala gestión de programas públicos.
En consecuencia, los anuncios que se realicen en modernizar la gestión del Estado siempre son oportunidades para reflexionar y discutir sobre la importancia, alcances e impactos de las mismas. En esta ocasión destaco – aunque no tuvieron la resonancia y amplificación de otras medidas – el compromiso de seguir profundizando la digitalización de los tramites públicos, como ha sido la tendencia en los últimos años en distintos gobiernos. Proponer avanzar hacia un 80 por ciento de que los tramites del estado sean de resolución digital es una propuesta relevante, dado que la tendencia global es que los países se constituyan como e – goverment , en que no solo se optimiza los tiempos , también se abre una relación distinta entre el Estado y el ciudadano , pues se trasparenta la información , se logra configurar procesos colaborativos y se profundiza la participación social, todos ellos requisitos ineludibles para lograr un gobierno abierto.
Cuando se hace referencia en forma genérica al avance indesmentible de la revolución 4.0 y sus efectos en nuestras vidas, no se puede omitir el interrogarse como el Estado y sus políticas públicas se modernizarán en función de las consecuencias de dicha revolución. No basta decir no estamos preparados, pero que nos estamos preparando para ello, sin dar cuenta cómo y en qué plazos se abordara tal complejidad, toda vez que a revolución 4.0 está aquí y tiene un sentido de urgencia para la iniciativa privada y el sector público.
Al respecto, el World Economic Forum en su informe “El futuro del trabajo “(2016) señala que Según este estudio (2016) más de un 60 % de los trabajos tal como los conocemos cambiara, producto de una creciente demanda por perfiles digitales. La utilización de la ingeniería genética, las impresiones 3D y la nanotecnología es solo el comienzo. Los expertos ya hablan que esta revolución producirá en el mediano plazo empleos inimaginables. ¿Cuál es el impacto en Chile de esta revolución? McKinsey Global Institute (2017) elaboró un informe que sostiene que dentro de 30 años la mitad de los trabajos que hoy realizan los chilenos serán ejecutados por máquinas y robots. En esa línea, se estima que 3,2 millones de empleos pueden ser automatizados. Para las empresas es un impacto positivo en la estructura de los costos, para las personas es una amenaza.
A la vuelta de la esquina esta la revolución 4.0, es de esperar que a esa misma distancia este la reflexión y discusión en lo que atañe a la innovación de las políticas públicas para hacerse cargo del siglo XXI.
