Opinión

[OPINIÓN] Certificado de lucidez

El Heraldo Austral

Se ha observado en Chile una práctica no regulada por la ley, por parte de algunas notarías, de exigir a personas mayores de 75 años un certificado de “lucidez”.

Es importante recordar que Chile ha suscrito y ratificado la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, la que establece, en su artículo 7°, “el derecho de la persona mayor a tomar decisiones, a la definición de su plan de vida, a desarrollar una vida autónoma e independiente, conforme a sus tradiciones y creencias, en igualdad de condiciones y a disponer de mecanismos para poder ejercer sus derechos.”

Corresponde, por lo tanto, a los organismos públicos, discutir y desarrollar los programas y acciones que permitan a las personas mayores ejercer sus derechos y, eventualmente, establecer mecanismos para proteger a quienes se encuentren en situaciones de vulnerabilidad, resguardando siempre su dignidad y autonomía.

Esta situación nos insta a reflexionar respecto a las representaciones acerca del envejecimiento que existen en nuestra sociedad, que asimilan esta etapa al deterioro y la pérdida de capacidades, construyendo una imagen estereotipada respecto a las personas mayores.

Como señalan diversos estudios, las representaciones negativas acerca de la vejez también pueden observarse entre tomadores de decisión, especialistas y profesionales de la salud.

En el caso de la salud mental, esto lleva a que las manifestaciones de problemas tales como los trastornos depresivos, se asuman como aspectos normales de la edad, lo que retarda u obstaculiza el acceso a tratamiento oportuno.

Se debiese avanzar, por lo tanto, hacia una mayor cobertura de una evaluación geriátrica integral en los programas de salud pública, que permita implementar mecanismos de acompañamiento y, de ser necesario, protección de los derechos de las personas mayores vulnerables, en lugar de mantener medidas aisladas, arbitrarias y discriminatorias como es la exigencia de este certificado.

Ximena Moreno

Doctora en Salud Pública

Académica Facultad de Psicología

Universidad San Sebastián