En Chile hemos vivido tres años desde la explosión social,  dos de pandemia y  un último año de intenso debate Constitucional hasta el Plebiscito de Salida. Hoy frente a un escenario económico incierto y poco promisorio, junto una crisis de inseguridad y delincuencia sin precedentes, las familias chilenas estamos más cansadas y menos dispuestos a creer en trasformaciones rápidas y milagrosas pregonadas desde el discurso y el papel por algún grupo de iluminados. Esto se agrava frente a un gobierno débil en su ineptitud y disperso en sus socios y contradicciones. Quizá en parte por eso el inédito rechazo a la propuesta de Reforma Constitucional sugerida por la Comisión, que la hace ver como un rotundo fracaso.

Sin embargo, una reflexión más serena de este  Proceso Constitucional, su origen, su desarrollo y sus secuelas puede hacernos llegar a conclusiones diferentes.

Sin duda fracasaron las iniciativas constituyentes del gobierno de Bachelet, que a pesar de sus cabildos y recursos publicitarios no las liberó del claustro político ni del desinterés popular.  Por eso, en Noviembre del 2019 la Comisión Constituyente parece más bien una reacción improvisada al chantaje octubrista que intentó desde la violencia en las calles apropiarse de la explosión social, que una respuesta reflexiva a una inquietud ciudadana.

Sin embargo el acuerdo democrático que le da forma parece acoger, quizá sin saberlo en ese momento,  un doble propósito más profundo. En primer lugar, crea una oportunidad de discusión política “ciudadana” alejada de la violencia y capaz de canalizar de una u otra forma las frustraciones y ambiciones “latentes” en la crisis social. En segundo, se abre la posibilidad de explicitar los valores comunes más apreciados por la ciudadanía en una Carta Magna destinada a señalarlos y a indicar los mecanismos básicos del poder para protegerlos.

Por esta razón la “forma” como se manifestara esa Comisión tenía un valor en si misma. Su desarrollo hacia una postura conciliadora y respetuosa, dialogante y razonable en la construcción de “una casa para todos” - aunque fuera sólo de papel -, habría sido una demostración del fracaso de nuestra institucionalidad política polarizante y atrincherada desde los partidos, a favor de esta “alternativa ciudadana”. Aunque no desvinculada a esa forma, el “contenido” podía a su vez mostrar el lado más oscuro de esa crisis convirtiéndose en una “amenaza irracional” a los valores más preciados por los chilenos o alternativamente podía ser un  legado virtuoso que los difundiera y los protegiera.

Concluimos entonces desde la “forma” adoptada por la Comisión Constitucional, que la crisis política que vivimos tiene sus raíces más en quienes hacen uso y abuso de la institucionalidad para fines ajenos a los que esta concebida, que en la institución de los partidos y los balances del poder que contempla nuestra  gobernanza. Un re encantamiento con la política conciliadora, respetuosa  y dialogante, con verdadera vocación de servicio público al interior de los partidos democráticos,  parece en consecuencia, ser parte fundamental del renuevo.

Pero además, el contenido emanado desde ese lugar oscuro y envilecido, es un aporte valioso al indicar con claridad desde sus amenazas tan rotundamente rechazadas por la ciudadanía, cuales son aquellos valores comunes fundamentales y transversales que los chilenos exigimos proteger y que nos unen con una historia y un futuro común.    

Pablo Ortúzar A