Luego del último concejo municipal, el nombre del concejal Juan Patricio Godoy se repite en la prensa regional y nacional. La polémica es triste. Cuestionamiento al trato con la funcionaria municipal que trabajaba con él. Cuestionamiento al uso que se le da al arriendo de su oficina. No son buenas noticias para la comuna. La acusación en su conjunto es seria. También la respuesta del concejal. También la respuesta del concejo.
La funcionaria que trabajaba como asistente del concejal acusa un clima laboral poco adecuado. Un ambiente más parecido a una casa que una oficina. En la carta, que se hizo pública, dice que tuvo que transcribir poemas, mientras el concejal declamaba llorando. También dice que el concejal se paseaba con pijama en el horario de su trabajo. Suma a los cuestionamientos malos tratos personales y un ambiente sin las condiciones necesarias para trabajar.
El concejal vive en una casa, donde queda su oficina, que no es su casa. Quien arrienda la parte de la casa que no es su casa es el municipio. El municipio es responsable de esta situación, ellos firmaron el contrato hace meses. Más allá de lo informado por el concejal al momento de firmar el contrato, parece claro que nunca fueron a mirar lo que estaban arrendando en nombre del municipio y pagando con fondos municipales. En cuanto a los otros concejales, el acusado reclama que algunos de sus colegas concejales han visitado su oficina. Si es así, los concejales que asistieron tampoco deberían estar sorprendidos.
El concejal envuelto en la polémica dice no conocer y no tener por qué conocer las condiciones y limitaciones contractuales del arriendo de su oficina. Tampoco necesita conocer el sueldo de su asistente personal. La omisión se explica con inocente vehemencia. No obstante, el concejal debe fiscalizar al municipio y el uso de recursos públicos, más cuando se trata del arriendo de su propia oficina, más aún cuando coincide, es el lugar donde vive. La misma puerta para entrar y salir.
El concejal insiste en que seguirá ahí porque no está haciendo nada malo. Los vecinos pagan desde el año pasado y tal vez seguirán pagando parte del arriendo de la casa del concejal, porque en esa casa queda su oficina. Siendo así, cada concejal podría asignar un espacio de su casa y convertirlo en oficina, recibiendo ese monto de manera indirecta, como parte de su deber de servicio público. Todo, con garantía de que quien firma el contrato, ni siquiera es el concejal, es el municipio. Y quien paga, los vecinos.
El concejal se defiende diciendo que esto es una estrategia para desacreditarlo. Una venganza para sacarlo del camino. Destaca su rol fiscalizador. Destaca que los otros concejales no han hecho más que él y que son falsas las acusaciones de pasearse en pijama, porque él ni siquiera usa pijama. Según dice, se trataría de una operación política, reactiva a su rol exhaustivo y sobresaliente. Declara plena confianza en sus actos. Además, el concejal cuestiona la capacidad moral de sus pares para juzgarlo. Deposita la palabra final en la Contraloría, silenciando de paso el derecho de cualquier otra expresión.
El concejo municipal decide estrenar la comisión de ética. Nueva norma en el reglamento del concejo. Un espacio deliberante experimental. Probablemente lo máximo será una declaración pública. Un castigo social, basado en los fiscalizadores fiscalizando a los fiscalizadores, mediante comisión definida por sorteo. Quien convoca a votar la constitución de la comisión para juzgar al concejal que debería fiscalizar el contrato de arriendo con el municipio, es el municipio, responsable directo del cuestionado contrato.
Considerando, más que más comisiones adicionales al trabajo de Contraloría, parece obvio que el municipio debería estandarizar el mecanismo sobre las oficinas que arrienda para los concejales y ser mucho más acucioso al momento de firmar contratos de arriendo con fondos públicos. Si hubieran visto el lugar, se habrían dado cuenta inmediatamente de la situación que ahora tardíamente fiscaliza el departamento de control. Por su parte, el concejal debería saber que vivir donde se trabaja con fondos públicos no es tan simple como separar el mundo con una escalera o un baño independiente.
Y como suele ser, quién paga el escándalo, las horas, las investigaciones, las declaraciones, las actas, los esfuerzos dedicados a este tema por sobre otros temas: los vecinos. La polémica crece mediáticamente a nivel nacional, mientras Puerto Varas persiste en su mala fama. Un Puerto Varas caricaturizado con afán como niño símbolo de las parcelas y el caos de la desregulación, ahora famoso también por la oficina para el concejal a domicilio y la denuncia de malos tratos hacia la funcionaria. Así, el lugar donde se hace el trabajo pasa a ser más importante que el trabajo, y la relación entre funcionarios más importante que sus funciones. Mirando por la ventana de lo que no pasa, la idea de ser líderes por temas significativos se empaña en polémicas absurdas, evitables, tan propias del amateurismo. Tal vez habrá que pensar sinceramente en reducir expectativas y hacer en Puerto Varas el pastel de choclo más grande del país, o algo así. Un charquicán gigante.
Por: Pablo Hübner
