• 28 de Marzo

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De manera inédita, el último concejo municipal, realizado la semana pasada, luego de más de una hora de normal continuidad, fue suspendido por el alcalde.

El área jurídica presenta a votación el caso de un ex trabajador a honorarios que demanda al municipio por diferencias en relación al posible pago de indemnización. Más allá del detalle puntual del caso, la abogada representante del demandante, en audiencia frente a la jueza, en una instancia previa al concejo municipal, llega a un acuerdo con el municipio para poner fin al juicio y terminar con el problema. Para concretar la conciliación sólo faltaba la aprobación del concejo. El acuerdo parecía favorable al municipio, no sólo considerando los montos que estimaba la demanda del trabajador, además, como un avance sincero para ir solucionando estas situaciones.

Luego de la presentación, el alcalde ofrece la palabra a quien preside la comisión correspondiente, el concejal Juan Patricio Godoy. En su exposición el concejal comenta no estar de acuerdo con el acuerdo. Le parece que lo que defiende la abogada representante del demandante no es coherente con lo que él conversó personalmente con el demandante. En la intervención, en su calidad de concejal, desafía el poder legal que tiene la representación formal del demandante, basado en una conversación personal, ajena a las instancias protocolares. Asume así la defensa de quien está demandando al municipio, precisamente quien ha sido electo para proteger los intereses del municipio.

La posición despierta la sorpresa inevitable por parte del concejo. La concejala Nataly Schadow, mencionada en la explicación del concejal Godoy, pronto declaró no compartir los dichos del concejal. El alcalde procede a suspender el concejo y convoca a una reunión privada inmediata para tratar el tema.

Cinco minutos, diez, quince, veinte, y algo más, pasan en el silencio de la transmisión. Vuelven los integrantes del concejo al salón y pronto viene la votación. El concejal que había dicho que votaría en contra, vota a favor. Lo mismo hace el resto del concejo y queda el acuerdo aprobado por unanimidad. Una vez terminada la sesión, el alcalde anuncia que se realizará una completa investigación para establecer, si es que corresponde, sanciones por lo sucedido. ¿Qué fue lo que pasó?

¿Vulneración de confidencialidad del trabajo de la comisión? ¿Falta a la probidad? ¿Búsqueda de beneficios para particulares por sobre el interés municipal? ¿Falta administrativa por quiebre de protocolo? ¿Uso de información privilegiada? ¿Confusión del rol del cargo y sus atribuciones? ¿Exacerbado anhelo de protagonismo? ¿Simple error? ¿No fue un error?

El resto de los integrantes del concejo presentes en esa sesión, según el comunicado de prensa enviado por el municipio, concuerdan en que acá pasó algo que no está bien. No obstante, la posición del concejal Juan Patricio Godoy aún no es clara. Su voto a favor, luego de haber dicho que votaría en contra, sin pasar más de media hora entre ambas posiciones, no se entiende. ¿Por qué cambió el voto?

Dos días después del polémico concejo, el concejal realiza una declaración en su Facebook, un perfil público. El relato está cargado de generalidades, caricaturas, acusaciones sin fundamento y calificativos que ofenden la cultura cívica que importa el cargo que representa. La expresión furibunda azuza y la beligerancia contagia, multiplicando comentarios ofensivos y burlescos en la publicación. En este caso, lo que dice el concejal del alcalde habla más del concejal que del alcalde. Superando el ruido de su relato, el acento está en el silencio. La declaración del concejal no incluye ni una palabra sobre su cambio de posición en menos de media hora. Tampoco hay una opinión concreta sobre la inédita suspensión del concejo, la inmediata reunión urgente y el anuncio de investigación en su contra.

Lo que pasó en el último concejo es grave, así sea con buena intención o con mala intención. Cualquiera de las dos puertas se abre hacia un pasillo corto y con poca luz. El concejal Godoy debería dar una explicación seria y formal a la comunidad, y no esconderse en declaraciones ofensivas que dañan la institucionalidad del cargo que representa. Por su parte, la investigación anunciada por la administración es justa y necesaria para establecer responsabilidades y sanciones, si así se resuelve. Celebro la determinación del alcalde y del concejo para enfrentar este tema tan poco feliz.

Por: Pablo Hübner