Si quiero comenzar un emprendimiento en una casa antigua del centro de Puerto Varas, el primer paso es encontrar un arriendo. Hoy, una propiedad con potencial comercial difícilmente baja de los $2,5 millones mensuales. Desde ese momento comienza a correr el tiempo y también los costos, incluso antes de saber si el proyecto podrá funcionar.

Luego vienen los proyectos, estudios y antecedentes técnicos necesarios para obtener las autorizaciones correspondientes. Solo esta etapa puede tomar cerca de dos meses. Después comienza el proceso de permisos y aprobaciones, que fácilmente puede extenderse otros seis meses. En total, hablamos de ocho meses de espera.

Durante esos ocho meses el emprendedor sigue pagando arriendo, honorarios profesionales, servicios y gastos generales, sin poder generar ingresos y sin contar con ninguna posibilidad real de obtener permisos provisorios que le permitan comenzar a operar mientras finaliza la tramitación.

A esto debemos sumar las obras de habilitación necesarias para transformar una vivienda en un local comercial. Cumplir con las exigencias normativas, sanitarias, de accesibilidad y seguridad implica una inversión que difícilmente será inferior a los $45 millones.

Como si eso fuera poco, el cambio de destino de vivienda a comercio en una propiedad céntrica con un alto avalúo fiscal genera además el pago de Aporte al Espacio Público. Solo este concepto puede superar los $4 millones, sin considerar los derechos municipales, permisos y otros costos asociados.

Haciendo una cuenta simple, antes de abrir las puertas y recibir al primer cliente, un emprendedor puede haber invertido más de $70 millones, además de ocho meses de tiempo y riesgo financiero.

Y aquí surge una pregunta que vale la pena hacerse: ¿dónde está realmente el apoyo a los emprendedores?

Escuchamos permanentemente discursos sobre el fortalecimiento de las pymes, la reactivación económica y el fomento al emprendimiento. Sin embargo, cuando observamos cómo funcionan las cosas desde las bases de la gobernanza local, muchas veces encontramos exactamente lo contrario.

No estoy planteando eliminar las normas ni rebajar los estándares. Las regulaciones existen por una razón y son necesarias para garantizar seguridad, accesibilidad y calidad urbana. Lo que cuestiono es la falta de proporcionalidad y de herramientas que permitan acompañar a quienes quieren emprender de manera formal.

Hoy pareciera que estamos construyendo un sistema donde solo pueden emprender legalmente quienes cuentan con una gran capacidad financiera para soportar largos períodos de espera y elevados costos iniciales. Las grandes cadenas y las empresas con respaldo económico pueden absorber meses sin ingresos. El emprendedor local, en cambio, debe arriesgar sus ahorros, endeudarse o simplemente desistir.

Si realmente queremos ciudades más dinámicas, con comercio local, innovación y generación de empleo, debemos preguntarnos si los procesos actuales están ayudando o frenando a quienes quieren invertir.

Porque al final del día, el verdadero apoyo al emprendimiento no se mide por los discursos ni por las campañas de promoción. Se mide por la capacidad de las instituciones para facilitar que las buenas ideas se transformen en proyectos reales.

Y hoy, lamentablemente, muchos emprendedores sienten que el sistema les exige demostrar que pueden sobrevivir antes incluso de permitirles comenzar.