Opinión

[OPINIÓN] Boicot a la PSU: Vulneración de derechos a la educación de los más pobres

El Heraldo Austral

Es muy probable que si la comparamos con lo que ocurre en otros países, nuestra Prueba de Selección Universitaria (PSU), no resulte ser el mejor de los instrumentos. Pero el camino para hacer cambios en ella, no pasa por boicotear su implementación con actos violentos. Esta estrategia, no genera ningún proceso de cambio significativo que nos conduzca a una mejora en esta prueba estandarizada. Incluso, las alteraciones del proceso de la PSU ocurridos en los últimos días, a juicio de Paolo Mefalopulos representante de UNICEF en Chile, constituyen una “vulneración de los derechos a la educación”.

Según datos del MINEDUC, durante el 2016 cerca del 55% de los jóvenes que finalizó su enseñanza media ingresó a la educación superior. Aunque esta cifra aumentó cerca de 10 puntos porcentuales en los últimos 10 años, parte del resto se incorporó al mercado laboral. En un país, donde sólo el 19% de la fuerza laboral ha tenido acceso a alguna forma de educación superior (en países de la OCDE, estas cifras superan el 40%), se hace tremendamente necesario aumentar esta cobertura. La razón: el egreso efectivo de la educación superior, genera movilidad social. Dicho de otra manera, el círculo de la pobreza se rompe, cuando los jóvenes pertenecientes a los estratos socioeconómicos más bajos logran egresar de alguna institución de educación superior (CFT, IP o Universidad). Serán “los primeros universitarios de su familia” y facilitarán el ingreso de los miembros menores. Así, se produce un “efecto de arrastre” que permite la movilidad social de los miembros de esa familia. Hoy, a pesar de la enorme brecha de calidad entre la educación privada y la pública, esto es posible. Contribuyen a esta factibilidad los fondos asignados para la gratuidad y el diseño de las mallas curriculares basadas en formación por competencias. Esto último, es de particular relevancia, pues permite nivelar “la cancha” en alguna medida y potenciar la empleabilidad de los futuros egresados. Entonces, el hecho de impedir que muchos de estos jóvenes puedan rendir en condiciones óptimas su PSU, es atentar contra la única oportunidad que tienen a su alcance para lograr la movilidad social. A los encapuchados que se tomaron alguno de los 65 colegios donde no se pudo rendir la prueba… ¿les interesa en algo el futuro de los jóvenes vulnerables? Porque con sus acciones, indiscutiblemente los están perjudicando y vulnerando sus derechos a la educación y a una mejor calidad de vida.

Por otra parte, cuando el DEMRE informa que cerca de 30.000 jóvenes no pudieron rendir normalmente alguna de las pruebas (10% aproximado de los que la debían rendir), surgen dudas acerca de la validez metodológica de todo el proceso y el hecho de rendirlas en otras fechas. También nos podríamos preguntar si esto último los va a beneficiar o al contrario, los perjudicará.

Sobre esto, no puede quedar duda alguna. Ante una implementación tan accidentada y anormal, es conveniente recordar la importancia del objetivo y revisar la factibilidad de anular el proceso actual e implementar uno nuevo. Algunos se opondrán esgrimiendo diversos argumentos técnicos y económicos. Pero este proceso, es tan importante para el futuro de muchos jóvenes vulnerables y su oportunidad de acceder a la movilidad social, que se hace necesario imponer el criterio de una implementación correcta y adecuada para ellos(as), por sobre cualquier otra razón.

El estado tiene una responsabilidad ineludible: no puede permitir que el futuro de esta cohorte de jóvenes, se vea impactada por las acciones violentas del totalitarismo y la ignorancia de unos cuántos.

 

Gonzalo De los Reyes Serrano

Magister en Educación; Coach en Parentalidad Positiva;

Director de la división Patagonia en la Fundación Innovación Educativa Chile