Quisiéramos partir declarando que en cualquier contexto y escenario, las demandas, cualquiera sean, siempre son legítimas. Así, la comunidad puede expresarse en todos los niveles, aspirando siempre a una mejor calidad de vida. Lo hacen también los trabajadores en todo el país y en los más variados rubros de la economía, como así también los funcionarios públicos. Es en esta época del año en la que suelen darse estas movilizaciones, que coinciden con el reajuste al sector público cuando éste entra en plena discusión en el Congreso.
Precisamente, a partir de esta premisa que sabemos ocurre a nivel nacional es que no nos dejó indiferentes la reciente movilización impulsada por algunos funcionarios de nuestro municipio. Sabemos que han vivido postergaciones por décadas, al punto de que han estado por años sin calificaciones, con la imposibilidad de ascender y lograr por esa vía mejores condiciones salariales. Sabemos también de los esfuerzos que ha puesto la actual administración para promover e implementar medidas hacia un mejor bienestar de los trabajadores, haciendo frente a muchas condiciones de inequidad, abandono y falta de atención en muchos de los ámbitos internos que se arrastran hace décadas.
Pese a ello, no es posible dejar pasar la actuación de ciertos actores políticos comunales en el marco de esta movilización. Tratándose de representantes electos, sus actuaciones están normadas y sus atribuciones claramente descritas en la ley. Sin embargo, más allá de ese aspecto es importante apelar a la ética tan necesaria cuando se quiere hacer política.
Y no se trata meramente de una definición en cuanto a la necesidad de un actuar ético en la actividad política, sino entender que cuando se tiene un cargo de representación, ese estándar siempre debe ser mayor, porque el rol ha sido obtenido en base a la confianza depositada por los electores. Sobre esa base es que no corresponde, no es ético y no es aceptable que se utilice la demanda de otros para generar una agenda política que más bien parece responder a acciones de campaña.
Eso vale también para las ex autoridades que siguen dirigiéndose a la comunidad con calificativos despectivos, pero que poco dicen sobre su responsabilidad en las millonarias pérdidas que enfrentará toda la comunidad de Puerto Varas por causas judiciales que no se atendieron a tiempo. Esta situación, que podría empeorar cuando tengamos los resultados de la auditoría interna, es lo que debería preocuparnos y ocuparnos, sobre todo considerando que es un perjuicio directo a los vecinos y vecinas de nuestra comuna.
Mientras tanto, la administración sigue su gestión con importantes logros para la comunidad. Coincidencia o no, lo cierto es que Puerto Varas avanza y pareciera que eso molesta.
Hemos visto durante un año y medio una gestión que ha logrado continuar proyectos de gran envergadura para la comuna, inversiones por más de 6 mil millones de pesos, sentar bases y mecanismos concretos para la participación ciudadana y el fortalecimiento de las organizaciones, generar mecanismos internos para mejorar la gestión y el bienestar delos funcionarios, entre otras medidas. Todo eso es la suma de la voluntad de un alcalde, equipos técnicos y una mayoría de funcionarios municipales, comprometidos con su comuna y que aportan con su conocimiento y experiencia.
En esa ecuación no cabe el uso político de las justas demandas de las comunidades, ni de las demandas internas del municipio, que tienen su propio canal de atención. Quienes pretenden desde afuera manipular a organizaciones -tanto internas como externas- con fines políticos, les decimos que cuando hay transparencia y honestidad, todo sale a la luz.
La estridencia de un par de actores políticos que dicen apoyar a los funcionarios, pero que en sus videos terminan enlodando a los propios trabajadores municipales a los que pretenden defender, es una señal que nos recuerda que no podemos permitirnos el uso político de las personas y sus necesidades.
Pilar Silva y Raffaele Di Biase
Voceros Movimiento Transforma Puerto Varas
