“Mutilar” y “desmantelar” fueron las palabras que utilizó el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetic, para referirse al proyecto de reforma que presentó el Ejecutivo el lunes 19 de octubre ante las comisiones de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, y de Hacienda, donde comenzará su tramitación. Se trata de la primera iniciativa que propone cambios profundos en la administración, la gobernanza y las facultades del organismo desde su promulgación en 2009. Uno de ellos, la eliminación de la facultad de presentar querellas criminales, reabre una antigua controversia. Durante la tramitación de la ley que creó el INDH, que se extendió por cuatro años, el Congreso rechazó en comisión mixta otorgarle esta atribución. Sin embargo, la entonces presidenta Michelle Bachelet logró reincorporarla mediante un veto presidencial Hoy, esa facultad vuelve a ocupar un lugar central en el debate.
Los cuestionamientos al rol del INDH han sido numerosos y variados, y han puesto en evidencia sesgos ideológicos que, en la práctica, han dificultado el ejercicio de su función consultiva. Frente a este diagnóstico, el proyecto busca corregir problemas de gestión y de dirección que el INDH arrastra desde hace años. Los cambios no se limitan a su propuesta más polémica, esto es la eliminación de la facultad que tiene el organismo para presentar querellas criminales, que busca delimitar sus atribuciones y reservar al Ministerio Público el ejercicio de la persecución penal, conforme al marco constitucional vigente. También se propone la reducción del número de integrantes del consejo del INDH, con el objetivo de agilizar la toma de decisiones, y la creación de un “director ejecutivo”, que permitiría distribuir las responsabilidades actualmente concentradas en la presidencia del consejo, separando la gestión administrativa de la dirección estratégica.
No es necesario pertenecer a algún sector político determinado para reconocer la urgente necesidad de que el INDH recupere el perfil consultivo y técnico que inspiró su creación. En ese sentido, las propuestas formuladas por el Ejecutivo apuntan en la dirección correcta: corrigen una estructura que carece de suficiente claridad organizacional para cumplir adecuadamente sus funciones y que se debate constantemente entre su mandato consultivo y el ejercicio de facultades de persecución penal.
Reencauzar esta estructura y superar un modelo deficiente, será crucial para reivindicar la importancia de los derechos humanos frente a quienes los consideran un obstáculo para la seguridad nacional y frente a quienes pretenden instrumentalizarlos con fines políticos. Pero, sobre todo, será indispensable para recuperar la confianza ciudadana en una institución cuya misión debe centrarse en la protección de los derechos de todas las personas, con independencia de sus apariencias o pensamientos, y en el reconocimiento de una condición común e inalienable: la dignidad humana.
